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Por Edgar González Ruiz
La Secretaría de Salud ha quedado en manos del activismo conservador, con el nombramiento de José Angel Córdoba Villalobos, panista enemigo de condón y de la Anticoncepción de Emergencia, como titular de esa dependencia, y con la incorporación de Bernardo Emilio Fernández del Castillo Sánchez, el polémico abogado de Norberto Rivera y colaborador de grupos antiabortistas, como director de asuntos jurídicos de esa dependencia.
Además de asesorar a la jerarquía y a grupos conservadores, el nuevo funcionario al igual que varios de sus colegas y colaboradores, ha sido abogado de empresa y fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal en la etapa previa a los comicios de 2006, dato que no aparece en el currículum que difunde en otros ámbitos de su actividad.
Fernández del Castillo ocupa ese cargo en la SS desde el 2 de enero de este año, pese a que su designación no se dio a conocer oficialmente ante los medios, opacidad con que la dependencia ha manejado también las maniobras para remover de su cargo a Jorge Saavedra, director del Centro Nacional de Prevención y Control del sida.
Abogado de curas y empresarios
Nacido el 11 de enero de 1947, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, y catedrático de la Universidad Panamericana, perteneciente al Opus Dei. Fernández del Castillo cursó un posgrado de la Universidad Pontificia de México en Derecho Matrimonial Canónico; en Alta Dirección de Empresas en el IPADE, escuela empresarial del Opus Dei, especialidades en Derecho Fiscal, Derecho Económico Corporativo, y Filosofía del Derecho, todas en la Panamericana, donde ha sido catedrático en la maestría en derecho corporativo.
Es miembro del Real Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, entre otras organizaciones.
Maneja el despacho jurídico Fernández del Castillo y asociados, SC (www.fernandezdelcastillo,com.mx), fundado en 1925 por Germán Fernández del Castillo y de Campo, quien fuera, entre otras cosas, presidente el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y del patronato de las Vizcaínas.
Entre los clientes del bufete, ubicado en Oaxaca 86, primer piso, se cuentan varias empresas, lo mismo que bancos (como el Santander y el Nacional de Comercio Exterior), la Cámara Nacional de la Industria Textil, al igual que la Arquidiócesis Primada de México, la Basílica de Guadalupe y la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Otro de sus clientes es el Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia, donde participa Carlos Fernández del Castillo Sánchez, conocido especialista y participante en eventos antiabortistas.
En una ponencia contra los anticonceptivos presentada en marzo de 1993 en Santo Domingo, durante un evento organizado por el grupo Vida Humana Internacional, vinculado a la derecha estadounidense, el ginecólogo Carlos Yeoman, presidente de Provida en Ciudad Obregón, afirmó que años antes había escuchado a Carlos Fernández del Castillo en un Congreso Provida en la ciudad de México, donde dijo “Primero yo antes de ser médico, soy católico, y soy un ginecólogo católico, jamás he utilizado pastillas (anticonceptivas)…”.
Asimismo, el 25 de enero del 2005, Bernardo Emilio Fernández del Castillo rindió protesta como consejero del IEDF, donde sustituyó a Leonardo Valdés, y permaneció en ese cargo cerca de un año, luego del cual Fernández del Castillo recurrió a instancias legales para evitar su remoción del Consejo General, pero sus esfuerzos fueron vanos. En septiembre del 2006 se le mencionó entre los aspirantes al TEPJF. (La Jornada, 26 de septiembre de 2006).
Activismo conservador
A fines del sexenio de Zedillo, grupos y personajes conservadores, como el propio Fernández del Castillo, lanzaron campañas para penalizar en todos los casos el aborto. En 1999, al frente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Bernardo Fernández del Castillo, dio a conocer una iniciativa de ley en ese sentido, que pretendía castigar a las mujeres alegando que “…la vida es primero y el más importante de los derechos humanos" (La Cruz de California, junio de 1999).
En septiembre de 2000, Fernández del Castillo, junto con otros abogados derechistas, representaron a los diputados panistas que pretendían eliminar la llamada Ley Robles, que amplió el aborto legal en el DF.
En ese tiempo, Bernardo Fernández presidía el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, fundado en 1769 y bajo cuyo patronato se constituyó en 1912 la Escuela Libre de Derecho, semillero de cuadros del PAN y de la empresa privada.
Otros de los abogados de los panistas eran: Antonio Prida Peón del Valle, también perteneciente a ese Colegio, y a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, grupo conservador integrado por abogados, así como Ignacio Ramírez Fernández del Castillo, Marco Antonio Roque Vera, Noe Daniel Hernández Paez y Gerardo Monroy Campero, este último también de la CMDH.
Egresado de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Panamericana, y miembro del Ilustre Colegio, Ignacio Ramírez Fernández del Castillo ha trabajado en Fernández del Castillo y Asociados, SC, al igual que Marco Antonio Roque Vera, cuyo nombre aparece en junio de 2006, como asesor de un exconsejero del IEDF, a raíz de un conflicto laboral que tuvo Roque con esa instancia.
En especial, bajo la presidencia de Fernández del Castillo, quien en 2005 pasó a ser consejero del IEDF, el Ilustre y Nacional Colegio apoyó a otros grupos conservadores. Por ejemplo, conjuntamente con el grupo Familias y Sociedad, la Unión Nacional de Padres de Familia y Ancifem, editó el folleto "preguntas y respuestas en torno al aborto".
En su número 297, Nuevo Criterio afirmaba que dicho folleto tenía el propósito de echar por tierra "los alegatos del feminismo extremista que abultando los datos pretenden crear un complejo de culpa social por las escasas muertes de mujeres a consecuencia del aborto".
Con la colaboración de sacerdotes católicos, el Ilustre y Nacional Colegio ha estado impartiendo la especialidad de Derecho Canónico Matrimonial, una de las áreas que maneja el despacho de Fernández del Castillo, quien en 99 señalaba que "el poder de la sociedad radica en las familias estables y bien avenidas, por lo que los miembros del Colegio buscarán siempre la aveniencia de los cónyuges para garantizar la durabilidad de los matrimonios" (El Heraldo, 19 de octubre de 1999).
En marzo de 2004, el hoy director jurídico de la SS participó en el Tercer Congreso Mundial de Familias, que se llevó a cabo en el Centro Banamex de la ciudad de México, con la participación de grupos de la ultraderecha internacional y con el apoyo de la entonces titular del DIF, Ana Teresa Aranda. En la agenda del evento se presentó a Fernández del Castillo como asesor de Red Familia y presidente del grupo Familias y Sociedad, y exhortó a “tomar juntos todas las medidas necesarias para defender y reforzar el matrimonio como la unión exclusiva de hombre y mujer, para proteger y promover la familia como unidad fundamental de la sociedad.”
Cabe destacar que Familias y Sociedad, cuya sede ha estado en Oaxaca 86, en el mismo edificio que alberga al bufete de Bernardo Fernández (Véase la página Web: ww.cmsconsultores.org/IMG/pdf/Donatarias_Mayo_2004.pdf), recibió en 2006 financiamientos por 70 mil pesos para la “promoción de salud integral” por parte del Instituto Mexicano de la Juventud, que en el sexenio foxista estuvo presidido por Christian Castaño, panista y promotor de grupos antiabortistas y anticastristas.
Además, Fernández del Castillo, quien ahora atiende los asuntos jurídicos de la SS, llevó la demanda de amparo de Provida contra la introducción de la Anticoncepción de Emergencia en la norma oficial de los servicios de planificación familiar.
En 2004, Bernardo Fernández del Castillo difundió un artículo donde se opone a la Anticoncepción de emergencia, donde por ejemplo afirmaba infundiosamente que el uso de ese procedimiento, que permite evitar el embarazo a mujeres violadas o cuando no se usaron otros anticonceptivos, obedece simplemente al “gran interés económico” de los fabricantes de medicamentos, que según escribió “ejercen sobre los altos funcionarios de la Secretaría la máxima presión con objeto de lograr riqueza de la comercialización de este tipo de productos…” (catholic.net).
Alegaba también que “De acuerdo a los principios del Partido Acción Nacional, el primero de los derechos a respetar es el derecho a la vida y, en base a este principio el Presidente Vicente Fox, en su campaña, y ya como Presidente se ha manifestado por un respeto absoluto a la vida, a la Constitución y al estado de Derecho, es lamentable que en un Gobierno que se ostenta como defensor de la vida y respetuoso del Derecho y del estado de derecho, a través de uno de sus Ministerios, la Secretaría de Salud, establezca una normatividad y permita la elaboración de fármacos que no respetan el derecho a la vida de su Nacionales”.
Y concluía exclamando: “¿Hasta cuando, los señores gobernantes, abusarán de nuestra paciencia?, ¿hasta cuando soportaremos sus iniquidades?”
Las exhortaciones anteriores suenan bastante hipócritas si consideramos que Fernández del Castillo, quien pregonaba ser “defensor de la vida” por oponerse no sólo al aborto sino a los anticonceptivos, y despotricaba contra los “intereses económicos”, ahora está sirviendo a un gobierno militarista y plutocrático.
Encubrimiento y amenazas
Como abogado de Rivera, Bernardo Fernández del Castillo lo ha defendido ante las denuncias que el exseminarista Joaquín Aguilar interpuso contra el prelado en Estados Unidos y contra Roger Mahony, cardenal de Los Angeles, por encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, quien está demandado en ese país por el delito de pederastia.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, la estrategia de Norberto Rivera, en la que contó con la complicidad de la secretaría de Gobernación, consistió en agredir a los abogados que representan a Joaquín Aguilar, pues fueron acosados por agentes de migración y posteriormente sancionados, luego de que acusaron públicamente al cardenal en una conferencia de prensa.
Por su parte, Fernández del Castillo se dedicó a lanzar infundios y amagos contra las víctimas del cura pederasta, sus abogados y los medios que trataron el tema.
De acuerdo con una nota publicada en La Jornada el 28 de septiembre de 2006, Bernardo Fernández del Castillo puso en duda que la copia del expediente entregada a los medios de comunicación por parte de la defensa legal de su acusador, Joaquín Aguilar, sea verdadera, pero a la vez él mismo confirmó la veracidad de las cartas intercambiadas entre los cardenales Rivera Carrera y Roger Mahony -arzobispo de Los Angeles-, respecto al sacerdote prófugo, Nicolás Aguilar Rivera, y admitió que hay más misivas, pero "nosotros somos enemigos de ventilar los juicios en la prensa. Solamente aquel que carece de razón y de fundamento legal acude a ella", señaló. Es decir, según el abogado, quien denuncia públicamente “carece de razón” y quien oculta los hechos obra correctamente.
Alegaba el hoy abogado de la SS que abusos sexuales como los atribuidos a ese religioso se debían manejar “…en un plano de confidencialidad por ética profesional. Un abogado que no la tiene hace alarde de situaciones, como esos señores estadunidenses…”. Es decir, los acusaba de “no tener ética” por defender a los más débiles, a la vez que defendía la actitud de Rivera y de Mahony, de ocultar los hechos para proteger al pederasta.
Más aún, con prepotencia y haciendo gala de sus triquiñuelas jurídicas, amenazaba a los valientes abogados estadounidenses, porque, decía el defensor de Rivera, al acusarlo "mienten, y mentir ante un tribunal se llama perjurio y es un delito". Hasta amenazó con mandarlos a investigar en Estados Unidos, sólo por haberse atrevido a denunciar a un pederasta y a su encubridor..
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